Prácticas anticompetitivas en España, son presuntamente promovidas por la empresa de origen estadounidense Apple.
Prácticas anticompetitivas en España, son presuntamente promovidas por la empresa de origen estadounidense Apple.

Autoridades de España informaron sobre una investigación en contra de la empresa estadounidense, Apple, por “posibles prácticas anticompetitivas”, a través de “condiciones comerciales inequitativas”.

“La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), investiga a Apple Distribution International Ltd. y a Apple INC. (Apple), por supuestas conductas contrarias al artículo 2 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia (LDC) y al 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE)”, mencionó la nota de prensa emitida por el ente regulador.

El ente regulador afirmó que el inicio de la investigación no prejuzga el resultado final de la investigación.
El ente regulador afirmó que el inicio de la investigación no prejuzga el resultado final de la investigación.

“En concreto, Apple podría estar llevando a cabo prácticas anticompetitivas consistentes en imponer condiciones comerciales inequitativas a los desarrolladores, que utilizan las tiendas de aplicaciones del grupo Apple (Apple App Store), para distribuir aplicaciones a los usuarios de productos de dicha empresa”, detalló.

Protección a los intereses de desarrolladores y consumidores

La CNMC enfatizó, que la apertura de este expediente no prejuzga el resultado final de la investigación, sin embargo, se inició un periodo máximo de 24 meses, para la instrucción del expediente y resolución por parte de la CNMC, donde se recopilarán pruebas y se analizarán las prácticas de la empresa Apple.

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La investigación se centrará en la imposición de condiciones comerciales desfavorables a los desarrolladores, que distribuyen sus aplicaciones por medio de la tienda de Apple.

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En caso de confirmar las prácticas anticompetitivas, podría tener un impacto significativo en el mercado de aplicaciones, para garantizar que se cumplan las normativas de competencia y se protejan los intereses de los desarrolladores y consumidores.