La Asamblea Nacional del Ecuador declaró responsable político al expresidente, Guillermo Lasso, del delito de peculado (malversación), en la renovación de contratos entre la empresa pública Flota Petrolera Ecuatoriana y Amazonas Tanker Pool Company LLC.
“El Pleno de la Asamblea Nacional resuelve manifestar que el expresidente Guillermo Lasso es responsable político de la infracción de peculado”, cita la resolución sobre el juicio político del exmandatario ecuatoriano.
Asimismo, el Legislativo, señaló que Lasso “organizó, conoció y consintió la distracción de fondos públicos, consecuencia del contrato entre Amazonas Tanker Pool, lo que generó un perjuicio para el Estado a favor de terceros”
En este sentido, este juicio político se retomó tras seis meses de interrupción, luego de que Lasso disolviera la Asamblea Nacional y convocara elecciones generales extraordinarias.
A pesar de la salida de Lasso del cargo presidencial hace una semana, tras la victoria del empresario Daniel Noboa en las elecciones presidenciales, la Asamblea continuó con el juicio.
Aunque la destitución ya no era una opción, el Legislativo ecuatoriano concluyó que la acusación de peculado contra Lasso estaba fundamentada con 116 votos a favor, uno en contra y siete abstenciones, confirmada posteriormente en una segunda votación de reconsideración.
Lasso acusado de malversación de fondos y vínculos con narcotráfico
Este juicio político fue liderado por la oposición, principalmente el correísmo y el Partido Social Cristiano (PSC), quienes acusan a Lasso de malversación de fondos de empresas públicas vinculadas a su cuñado, el empresario Danilo Carrera, y un individuo asociado con una red de narcotráfico.
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La nueva conformación de la Asamblea, tras las elecciones, devolvió al correísmo y al PSC como fuerzas predominantes en Ecuador, lo que desencadenó la reanudación del juicio político a Lasso, quien previamente tenía una representación minoritaria y ahora carece de representantes de su partido CREO.
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El Parlamento ordenó notificar de inmediato al expresidente, así como a la Fiscalía y a la Contraloría, para que inicien las investigaciones pertinentes.