Nicaragua, una nación históricamente defensora de su soberanía y autodeterminación, recientemente ha rechazado de manera categórica la convocatoria realizada por el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), donde se pretende abordar distintas situaciones referentes a este país centroamericano.
En la misiva, dirigida al Consejo Permanente de la OEA, el Ministerio de Relaciones Exteriores nicaragüense, consideró que la convocatoria es una violación a los derechos internacionales, pues “es inadmisible que otro u otros Estados, en abierta violación al Principio de autodeterminación de los Pueblos y de no Intervención en los asuntos internos de otras Naciones, Juzguen a otro pueblo libre”.
La posición de Nicaragua, se desarrolla en un contexto internacional, donde la credibilidad de la OEA se ha visto reiteradamente cuestionada por naciones latinoamericanas, y debilitada por su involucramiento en el golpe de Estado de Bolivia (2019) y por guardar silencio ante denuncias de violaciones de derechos humanos, en distintos países.
Dada estas circunstancias, este organismo ha sido acusado de tener un doble rasero, de no proceder bajo los principios democráticos, ante la clara acción de plegarse y responder a intereses políticos de EE.UU., que lo alejan de los objetivos por los que fue concebido.
En el pronunciamiento, Nicaragua manifestó que no será parte de este encuentro y lo desacreditó, rechazando “esta reunión ilegítima desde su nacimiento, y no participamos de ella, puesto que nuestro respeto por los derechos de los demás pueblos de Nuestra América, empieza por hacer valer los derechos fundamentales de Nicaragua y los nicaragüenses”.
La reunión, convocada por la OEA, se pretende realizar el próximo 20 de octubre. Sin embargo, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua, concluyó afirmando que:
“La independencia, la soberanía y la autodeterminación nacional, son derechos irrenunciables del pueblo y fundamentos de la nación nicaragüense. Toda injerencia extranjera en los asuntos internos de Nicaragua o cualquier intento de menoscabar esos derechos, atenta contra la vida del pueblo. Es deber de todos los nicaragüenses preservar y defender estos derechos”.
