El propietario de una granja porcina en Quintanilla del Coco, España, ha sido acusado por el Observatorio de Bienestar Animal (OBA) de cometer delitos de maltrato animal agravados por sus muertes.
La organización española define este lugar como “la granja del terror”, mencionando la presencia de animales en estado de descomposición, graves enfermedades, hernias, diversas lesiones, malformaciones y evidencia de canibalismo entre los cerdos.
En este sentido, la denuncia del OBA, interpuesta ante el juzgado del municipio de Lerma, resalta «serias irregularidades» dentro de la explotación ganadera de la granja, que contempla “maltrato animal con agravante de muerte, y otros relativos al mercado y los consumidores”.
Domingo del Pozo Martínez, propietario de la granja, quien también es el alcalde del municipio de Burgos, junto con los trabajadores y la empresa cárnica presuntamente responsable de la gestión de los animales y proveedora de la cadena de supermercados Lidl, han sido incluidos en la denuncia.
Maltrato animal en granja porcina
La acusación también contempla un supuesto delito de publicidad engañosa, dado que la granja ostenta el sello “Welfair” de Bienestar Animal. El OBA, además de solicitar el cierre inmediato de la granja, la destitución del alcalde y una condena ejemplar por la gestión deficiente de los animales, describió el caso como uno de los más alarmantes de maltrato animal descubiertos hasta la fecha.
La ONG difundió fotografías y un video que acompañan la denuncia, obtenidos durante una investigación realizada entre junio y septiembre, en una instalación que alberga aproximadamente 5 mil cerdos en diferentes etapas de crianza.
Las imágenes revelaron una situación decadente, con animales extremadamente delgados y afectados por una serie de problemas de salud graves, incluyendo tumores, heridas infectadas, malformaciones y signos evidentes de canibalismo entre los cerdos.
La presencia de cadáveres en descomposición, algunos canibalizados, así como la falta de disposición adecuada de animales muertos, contradice las regulaciones legales que exigen el uso de contenedores apropiados para su eliminación.
En respuesta a estas acusaciones, el empresario Pozo Martínez negó dichas condiciones expuestas por el OBA en su vídeo, asegurando que la administración autonómica (municipal) y la Guardia Civil han verificado el cumplimiento de las normativas.
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El OBA, también exigió a las autoridades competentes que investiguen las acusaciones de manera exhaustiva y que tomen las medidas necesarias para garantizar el bienestar de los animales en la granja de Quintanilla del Coco.
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La ONG también ha hecho un llamamiento a los consumidores para que exijan prácticas más responsables en la producción de alimentos de origen animal.
