La Fiscalía de Venezuela reveló datos sobre la conspiración política e ideológica llevada a cabo por representantes de la oposición venezolana y exministros, en el caso de corrupción Pdvsa-cripto.
“No era solo conspiración moral, sino también política e ideológica. Se aliaron a los enemigos de la patria”, expresó el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab. Además de reafirmar que, había una “conspiración política ligada a la corrupción petrolera”.
A través de las investigaciones, se pudo constatar que los implicados no solo pretendían desfalcar al Estado mediante los actos de corrupción en Pdvsa, sino también poner en marcha un plan desestabilizador en el contexto de las elecciones presidenciales de Venezuela, apuntó Saab.
El caso de corrupción refiere sobre los manejos fraudulentos en las empresas estatales Petróleos de Venezuela (Pdvsa), la superintendencia de Criptoactivos (Sunacrip) y la Corporación Venezolana de Guayana (CVG).
De acuerdo con Saab, entre los implicados se encuentran: el exministro del petróleo, Tareck El Aissami; el expresidente de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), Simón Alejandro Zerpa; el exministro de Economía y finanzas y el expresidente del FONDEN. Asimismo, indicó que, se trataba de “una red de corrupción que habría permitido un desfalco multimillonario a través de monedas digitales”.
Los involucrados, en los actos de corrupción sostenían conferencias con prófugos de la justicia venezolana, férreos opositores al gobierno de Venezuela, como Leopoldo López, Carlos Vecchio y Julio Borges. “Eran aliados hasta la máxima potencia” subrayó Saab.
¿Cómo operaban los implicados?
“El modus operandi de la red consistía en la compra de petróleo venezolano a precios artificialmente bajos, para luego revenderlo en el mercado internacional a un costo inflado. La diferencia entre estos precios se depositaba en cuentas offshore, donde los involucrados podían disponer del dinero sin ningún tipo de control”, citó la plataforma virtual criptoinforme.
Además, enfatizó: “La conspiración no solo buscaba el lucro personal, sino también derrocar al gobierno legítimo de Venezuela. Para ello, se utilizaron diversos mecanismos, incluyendo la financiación de la violencia callejera y la creación de una red de prostitución para el blanqueo de capitales”.
De acuerdo con Saab, el empresario Samark López era el operador financiero de la mafia que había estructurado el exministro del petróleo, Tareck El Aissami.
Asimismo, Samark López y Julio Borges sostenían largas conversaciones, las que tenían como objetivo establecer una “línea directa” con el gobierno de Estados Unidos, para favorecer la aplicación de las ya conocidas medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela.
El vínculo entre los extremistas, López y Borges, era el estadounidense James B. Story, quien ocupaba el cargo de director de la Oficina Externa de los Estados Unidos para Venezuela en Bogotá, y facilitaba las comunicaciones y posiblemente hasta coordinaba acciones entre ellos y el gobierno estadounidense.
“Esta red utilizó un conglomerado de sociedades mercantiles que servían para legitimar el dinero robado, por medio de la adquisición de cripto- activos; bienes muebles e inmuebles, e inversiones en el sector de la construcción e inmobiliario, detalló Saab.
El plan involucraba asignar cargamentos de petróleo a empresas de fachada y a la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip), sin supervisión administrativa ni garantías. Esta acción, contraria a las normativas de contratación establecidas por la empresa estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), habría favorecido a un grupo de varios funcionarios de alto rango y líderes de la oposición radical que se encuentran fuera del país, dijo Saab.
En ese sentido, el fiscal venezolano detalló que todo se trataba de “una conspiración económica para generar el alza del dólar paralelo”, lo que se traduce a una posible conexión entre los acusados y el “eje Miami- Washington”, puesto que desde Estados Unidos indicaron estar al tanto cuando detuvieron a Zerpa, El Aissami y López.
El proceso de investigación tiene más de un año de estar en curso, hasta el momento han detenido a 66 personas implicadas, según han detallado las autoridades de la nación suramericana.
