La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó por unanimidad, en segunda discusión, la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, que abarca hechos políticos ocurridos desde el golpe de Estado de abril de 2002 hasta las elecciones regionales de 2025.
Según el Parlamento, el texto es resultado de un proceso de deliberación que involucró a diversos sectores del país y busca consolidar un acuerdo nacional en un contexto históricamente polarizado.
Tras el debate en el hemiciclo, la ley fue remitida a la presidenta encargada Delcy Rodríguez para su promulgación, conforme al artículo 213 de la Constitución, según informó el presidente del Legislativo, Jorge Rodríguez.
La norma contempla 13 supuestos, entre ellos los hechos del 11 y 12 de abril de 2002; el paro y sabotaje petrolero de 2002-2003; las protestas de 2014 y 2017; la conflictividad posterior a las elecciones de 2013 y 2019; y episodios vinculados a procesos electorales hasta 2025.
No implica impunidad frente a crímenes de mayor gravedad
En cada caso, se trata de delitos asociados a manifestaciones y hechos violentos por motivos políticos, excluyendo expresamente la rebelión militar en 2019.
No obstante, la ley delimita con claridad los delitos que no serán objeto de amnistía. Quedan fuera las violaciones graves a los derechos humanos, el homicidio intencional, el tráfico de estupefacientes, los delitos previstos en la Ley Contra la Corrupción y las acciones armadas promovidas por actores extranjeros contra la soberanía nacional.
Respaldo total de la FANB
Desde el Ejecutivo y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, encabezada por el ministro de Defensa Vladimir Padrino López, se respaldó públicamente la iniciativa, “la ley es una señal de madurez y fortaleza política y un paso orientado al reencuentro nacional”, aseguró en un mensaje oficial.
Con su promulgación, Venezuela abre una nueva etapa institucional en la que el consenso parlamentario adquiere relevancia simbólica.
