Las reformas constitucionales impulsadas en Nicaragua han generado un amplio debate. Mientras distintos medios han manipulado las declaraciones del Gobierno asegurando que significan el fin de las elecciones, las autoridades nicaragüenses aseguran que esa versión descontextualiza el contenido de la iniciativa que actualmente es discutida en la Asamblea Nacional.
La propuesta surgió tras un llamado del Copresidente Daniel Ortega para actualizar el marco constitucional y legal del sistema electoral. Según explicó, el objetivo es fortalecer la democracia, garantizar procesos electorales soberanos y establecer mecanismos que impidan la participación de personas que, de acuerdo con la legislación propuesta, hayan promovido golpes de Estado, solicitado intervenciones militares extranjeras o respaldado sanciones contra Nicaragua.
“Con los somocistas que eran empresarios, teníamos un gran acuerdo por la paz, que venía caminando el acuerdo, y de repente la puñalada en la espalda. Organizaron el golpe, utilizaron fondos de los Estados Unidos para llevar a jóvenes y adultos para prepararlos, entrenarlos armarlos y derrocar al gobierno legítimo del Frente Sandinista. Lo intentaron. Aquí corrió sangre… de jóvenes, de adultos, de mujeres, de niños, se derramó sangre”, declaró durante el acto del 47 aniversario del triunfo de la Revolución Popular Sandinista Ortega.
El líder nicaragüense refirió: “Pero allá están ellos agazapados. Ya quisieran ellos ganar elecciones para hacer riales con las escuelas, pero que se olviden, aquí no volverán a haber elecciones para que por ahí intenten ellos atrapar el gobierno, atrapar el poder. Y vamos a trabajar con la Asamblea Nacional y con las organizaciones correspondientes, las leyes… que les pongan un muro, un bloque, a los golpistas, a los vendepatria y que por mucha plata que le den los Yanqui, no podrán”.
Reformas parciales a la Constitución de Nicaragua
Entre los principales cambios planteados se encuentran la inhabilitación para optar a cargos públicos de quienes participen en acciones consideradas golpistas, promuevan medidas coercitivas contra el país o reciban financiamiento extranjero para influir en la actividad política nacional. Asimismo, la iniciativa reafirma que quienes ejerzan funciones públicas deberán cumplir plenamente los requisitos constitucionales de nacionalidad y lealtad a la República.
La Copresidenta, Rosario Murillo, aseguró que Nicaragua continuará celebrando elecciones, sobre un modelo que responda únicamente a la soberanía nacional y no a intereses extranjeros.
“He estado leyendo las notas que ha estado publicando la Asamblea Nacional. Nuestra Nicaragua bendita, viendo todo lo que recordamos, de lo que nos ha tocado vivir y es historia de nuestro país. La historia de los procesos electorales que aquí fueron fraguados, diseñados, dirigidos, orientados por los Estados Unidos. Esa es la historia. Ese es el tipo de elecciones que no volverán jamás a Nicaragua”, preció Murillo.
Además, la copresidenta nicaragüense enfatizó que ese tipo de elecciones contra el pueblo no vendrá, no volverá jamás a esta Nicaragua. Elecciones sí, pero elecciones propias y cuando decimos propias, son de nuestro pueblo bendito, diseñadas, organizadas desde nuestra soberanía nacional”.
En ese sentido, el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, ha señalado que las reformas buscan asegurar que los procesos electorales sean organizados y decididos exclusivamente por los nicaragüenses, sin interferencias externas.
“Nosotros tenemos la orientación clara del Presidente, Jefe de Estado de Nicaragua, de hacer las Reformas, y actuar en términos legales para que ese tipo de Elecciones jamás vuelvan a este país. Van a ser las Elecciones del Pueblo nicaragüense, las Elecciones Nacionales para elegir a nuestra Autoridades Nacionales, nuestras Autoridades Municipales, con los periodos que establezca el Pueblo nicaragüense, y con los candidatos y las condiciones que establece el Pueblo nicaragüense”, manifestó el parlamentario nicaragüense.
Nicaragua condena injerencia de EEUU en 1990
Las autoridades también fundamentan la propuesta en antecedentes históricos, como el financiamiento estadounidense a la denominada «Contra» durante la década de 1980 y el contexto político de las elecciones de 1990. Desde esa perspectiva, sostienen que las reformas buscan impedir cualquier forma de injerencia externa en la vida política del país.
“Aquí no puede venir un lacayo de los yanquis, presentarse, y con el dinero y financiamiento, a distorsionar un Proceso Electoral. Es más, las Elecciones del 90 fue el mejor ejemplo de lo que es una pistola apuntando la cabeza al pueblo. Es decir, en el 90 no fue una derrota electoral, en el 90 fue, los yanquis nos pusieron una pistola, y dijeron: Si ustedes votan por el Frente Sandinista, le dijeron al Pueblo nicaragüense, vamos a continuar la guerra”, recordó Porras.
Mientras tanto, la Asamblea Nacional mantiene un proceso de consultas con todos los sectores de la sociedad nicaragüense, entre ellos empresarios, representantes religiosos, cuerpo diplomático, instituciones del Estado, la Policía Nacional y el Ejército de Nicaragua.
