El Parlamento de Nicaragua avanza de forma sistemática la presentación dela propuesta de reforma constitucional a los diferentes sectores sociales, reafirmando que el objetivo de los cambios es fortalecer la «estabilidad, seguridad y paz» del país y garantizar las condiciones en la lucha contra la pobreza.
El presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, explicó que uno de los principales cambios plantea modificar el artículo 47 de la Constitución para impedir que personas consideradas golpistas, traidoras a la patria o que hayan atentado contra la independencia, soberanía y autodeterminación del país puedan aspirar a cargos públicos.
Según expuso, «no podrán ser candidatos a cargos de elección popular ni podrán ejercer cargos públicos por designación de la Presidencia de la República o elección de la Asamblea Nacional los golpistas», así como quienes hayan incurrido en acciones contra la soberanía nacional.
Porras también resaltó la ampliación de los períodos constitucionales a siete años para los cargos de elección popular, los funcionarios designados por la Presidencia y aquellos electos o ratificados por la Asamblea Nacional.
Argumentó que «necesitamos Estabilidad, Seguridad y Paz en períodos suficientes para llevar adelante los objetivos de la construcción económica», y añadió que los siete años permitirán consolidar políticas públicas y proyectos nacionales.
Entre las modificaciones expuestas figura además la extensión a siete años del período del comandante en jefe del Ejército y de los jefes de las fuerzas policiales, así como reformas al artículo 152 para otorgar mayores atribuciones al Consejo Supremo Electoral, incluyendo la facultad de negar o cancelar la personalidad jurídica de partidos que reciban financiamiento extranjero o cuyos dirigentes violen principios constitucionales.
Durante la presentación, el presidente de la Asamblea Nacional informó que también se propone trasladar la fecha de toma de posesión de las autoridades electas del 10 al 18 de enero, en conmemoración del natalicio de Rubén Darío.
Asimismo, explicó que la reforma contempla ampliar automáticamente a siete años los períodos de las autoridades actualmente electas o designadas y armonizar toda la legislación nacional con la nueva duración de los mandatos.
