Donald Trump propuso cambiar el nombre del estado de Nuevo México por “Nueva América”, una iniciativa que rápidamente generó rechazo y abrió interrogantes sobre su viabilidad. La gobernadora Michelle Lujan Grisham, respondió que la denominación del estado no está en discusión.
Previamente impulsó la denominación “Golfo de América” para el Golfo de México dentro de Estados Unidos y, en agosto de 2026, firmó una orden ejecutiva relacionada con el nombre del lago Ontario, el cual sustituyó por “Lago de América”.
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Sin embargo, el nombre Nuevo México tiene raíces que se remontan al siglo XVI, mucho antes de la independencia mexicana de 1821. Exploradores y colonizadores españoles utilizaron esa denominación para territorios al norte de la Nueva España, vinculándola históricamente con referencias a las culturas que encontraron en la región.
Cambiar el nombre enfrenta importantes obstáculos legales
El presidente Trump puede plantear públicamente la modificación, pero no dispone por sí solo de una facultad clara para rebautizar unilateralmente un estado.
La Constitución estadounidense distribuye competencias entre los estados y el Gobierno federal, mientras la denominación oficial de una entidad federada involucra procesos políticos y jurídicos que exceden una simple orden presidencial.
Un antecedente ocurrió en Rhode Island en 2020, cuando los electores aprobaron mediante referéndum eliminar “and Providence Plantations” del nombre oficial del estado. El caso mostró el papel determinante de las instituciones y los ciudadanos estatales en este tipo de decisiones, por lo que cualquier intento de convertir Nuevo México en “Nueva América” enfrentaría un complejo camino antes de materializarse.
