
Alemania regresó este 7 de septiembre ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para intentar detener el proceso promovido por Nicaragua por su apoyo militar a Israel. Managua sostiene que Berlín incumplió sus obligaciones bajo la Convención sobre el Genocidio y el derecho internacional humanitario al continuar suministrando equipamiento militar pese al riesgo de que se cometieran actos de genocidio contra la población palestina en Gaza.
“Al enviar equipamiento militar y retirar ahora la financiación a UNRWA […] Alemania está facilitando la comisión de genocidio”, denunció Nicaragua al presentar el caso en marzo de 2024.
Alemania, segundo mayor proveedor de armas de Israel después de Estados Unidos, rechaza las acusaciones y busca que la CIJ cierre el expediente antes de que avance hacia el análisis de fondo. Berlín cuestiona tanto la jurisdicción del tribunal como la admisibilidad de varios planteamientos nicaragüenses y argumenta que sus exportaciones militares están sometidas a controles legales.
El embajador nicaragüense Carlos José Argüello Gómez sostuvo que Alemania no logró “diferenciar entre legítima defensa y genocidio” en su respaldo a Israel.
La nueva fase consiste en cuatro días de audiencias en La Haya. La CIJ deberá decidir si acepta las objeciones preliminares alemanas o permite que la demanda de Nicaragua avance hacia una evaluación de fondo, un proceso que podría prolongarse durante años. Mientras tanto, Gaza continúa bajo ataques israelíes pese al alto el fuego vigente desde octubre de 2025, con más de 73.000 palestinos muertos desde el inicio de la ofensiva, según las autoridades sanitarias del enclave.
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Nicaragua presentó la demanda contra Alemania el 1 de marzo de 2024, acusándola de violar sus obligaciones internacionales al suministrar armas a Israel y suspender entonces su financiación a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina, UNRWA. Managua pidió medidas urgentes para detener la asistencia militar alemana y restablecer esos fondos.
Aunque la CIJ no concedió las medidas provisionales en abril de 2024, tampoco archivó la demanda, permitiendo que Nicaragua mantuviera abierto el proceso que ahora vuelve al centro del debate jurídico internacional.




