Gobierno denuncia violación del derecho internacional y responde con mecanismo legal propio
Gobierno denuncia violación del derecho internacional y responde con mecanismo legal propio

China anunció la prohibición de cumplir las sanciones impuestas por Estados Unidos contra varias de sus empresas petroquímicas, en una decisión que eleva la tensión económica entre ambas potencias.

La medida fue comunicada por el Ministerio de Comercio de Pekín, que calificó las restricciones como ilegítimas y carentes de respaldo internacional.

La disposición afecta a cinco compañías incluidas en la lista de sanciones estadounidenses en 2025, lo que implicaba congelación de activos y restricciones financieras.

Entre las firmas señaladas figuran Hengli Petrochemical, Shandong Shouguang Luqing Petrochemical, Shandong Jincheng Petrochemical Group, Hebei Xinhai Chemical Group y Shandong Shengxing Chemical.

Según Pekín, estas sanciones se basan en acusaciones de vínculos comerciales con Irán, utilizadas por Washington como argumento para justificar las medidas.

No obstante, las autoridades chinas sostienen que dichas acciones constituyen una injerencia indebida en actividades económicas legítimas.

“Esto prohíbe o restringe indebidamente a estas empresas chinas el desarrollo de actividades económicas y comerciales normales con terceros países, violando el derecho internacional y las normas básicas de las relaciones internacionales”, afirmó el Ministerio de Comercio.

El Gobierno chino reiteró su rechazo histórico a las sanciones unilaterales que no cuentan con el aval del Consejo de Seguridad de la ONU ni con sustento jurídico internacional, insistiendo en la necesidad de respetar el multilateralismo.

“China siempre se ha opuesto a las sanciones unilaterales que carecen de autorización de la ONU o de fundamento en el derecho internacional”, subrayó la institución en su pronunciamiento oficial.

China enfrenta sanciones y acusa a EEUU de abuso de poder

La respuesta de Pekín se apoya en su marco legal interno, diseñado para contrarrestar la aplicación extraterritorial de leyes extranjeras, lo que refuerza su estrategia de defensa económica frente a presiones externas y marca un nuevo capítulo en la disputa global por el control del comercio energético.