Países del G7 buscan bloquear órdenes de detención de la CPI para funcionarios de Israel.
Países del G7 buscan bloquear órdenes de detención de la CPI para funcionarios de Israel.

Varios países del Grupo de los Siete, G7, tratan de impedir que la Corte Penal Internacional (CPI), emita órdenes de detención que consideran «problemáticas» para Israel, pese al sinnúmero de denuncias del genocidio perpetrado por el gobierno israelí, en Gaza.

Según fuentes diplomáticas citadas por Reuters, miembros del G7, como Italia, Alemania, Canadá y Estados Unidos, han cuestionado la solicitud de órdenes de arresto presentada por el fiscal de la CPI, Karim Khan, contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su ministro de Defensa, Yoav Gallant.

Miles de palestinos asesinados por Israel

La información surge en un contexto en el que, desde el inicio de la escalada de agresión, el ejército de Israel, en Gaza, ha asesinado a 35 mil personas y ha herido a 79,852 palestinos, en su mayoría mujeres y niños, según el Ministerio de Salud gazatí.

El Reino Unido, en particular, expresó su desacuerdo por la equiparación de Israel y el movimiento palestino Hamás por parte del tribunal internacional, según el medio informativo.

El ministro de Asuntos Exteriores británico, David Cameron, afirmó que estas órdenes de detención «no contribuirían a resolver la situación en la región» y argumentó que «la CPI carece de jurisdicción en este caso debido a que Israel no es signatario del Estatuto de Roma y Palestina no es reconocida como Estado».

Alemania ha sostenido su política de suministro de armas a Israel, teniendo una demanda interpuesta por Nicaragua, por apoyar el genocidio en Gaza, en la Corte Internacional de Justicia, en La Haya.

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Sin embargo, Francia, otro miembro del G7, respaldó públicamente la solicitud del fiscal Khan. En un comunicado, reafirmó su apoyo a la independencia de la CPI y a «la lucha contra la impunidad en todas las situaciones».

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Por otra parte, Antony Blinken, secretario de Estado de los EEUU, amenazó con que el gobierno estadounidense está dispuesto a trabajar con el Congreso para potencialmente «imponer sanciones» a funcionarios de la CPI.