La nueva orden ejecutiva de Estados Unidos intensifica el cerco económico y las amenazas contra la isla
La nueva orden ejecutiva de Estados Unidos intensifica el cerco económico y las amenazas contra la isla

La Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba rechazó la nueva ofensiva impulsada por la administración de Donald Trump, denunciando que las recientes sanciones y medidas coercitivas de Estados Unidos representan un nuevo intento de recrudecer el bloqueo económico contra la isla y afectar directamente al pueblo cubano.

En un comunicado dirigido a parlamentos y organizaciones interparlamentarias del mundo, los diputados cubanos señalaron que las acciones promovidas desde Washington constituyen un ataque contra la soberanía y la autodeterminación de Cuba, además de incrementar las presiones financieras y comerciales sobre terceros países y empresas que mantienen relaciones con la nación caribeña.

“Nuestro pueblo continuará defendiendo el sistema político que soberanamente se reconoce en la Constitución, aprobada en referendo universal por la amplia mayoría del pueblo cubano”, expresaron los parlamentarios cubanos.

El pronunciamiento también destacó el respaldo popular a la Revolución y al Gobierno cubano, señalando que más de seis millones de personas participaron recientemente en la iniciativa “Firma por la Patria”. Asimismo, resaltaron las movilizaciones masivas realizadas durante el Día Internacional de los Trabajadores como muestra de defensa de la independencia y la soberanía nacional frente a las amenazas externas.

Nuevas medidas endurecen cerco económico y financiero contra Cuba

La nueva ofensiva de Washington quedó reflejada en la orden ejecutiva 14404, firmada por Donald Trump el 1 de mayo de 2026, bajo el argumento de imponer sanciones contra supuestas “amenazas a la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos”. Como parte de esta medida, el Departamento de Estado anunció sanciones contra entidades estratégicas de la economía cubana, entre ellas GAESA y Moa Nickel S.A., además de funcionarios vinculados a estas instituciones.

La administración estadounidense justificó las medidas acusando a Cuba de representar una amenaza para Washington y de sostener vínculos con operaciones extranjeras de inteligencia y seguridad. Además, la orden amplía las restricciones financieras y comerciales mediante bloqueos de propiedades, prohibiciones de transacciones y posibles sanciones contra terceros países, empresas o instituciones financieras que mantengan relaciones con sectores estratégicos de la economía cubana.

Frente a esta escalada, Cuba reiteró su compromiso con la paz, la defensa de su soberanía y el derecho de su pueblo a decidir libremente su modelo político y social. Los legisladores cubanos hicieron un llamado a la comunidad internacional a pronunciarse contra el bloqueo económico impuesto por Estados Unidos, al considerar que las nuevas sanciones buscan profundizar la asfixia económica sobre la isla y obstaculizar su desarrollo.