El presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua, Gustavo Porras, reafirmó que el país continuará celebrando elecciones con la participación de diferentes partidos políticos, dentro de un sistema definido por las leyes nacionales y los intereses del pueblo nicaragüense.
“Van a haber elecciones, sí, hay diferentes partidos políticos”, expresó Porras durante una entrevista en Tn8, en la que explicó los principales alcances de las reformas constitucionales vinculadas al modelo electoral.
El titular del Parlamento aclaró que la propuesta no limita la participación por razones ideológicas, sino que establece impedimentos para quienes hayan actuado contra el orden constitucional, la soberanía y la estabilidad del país.
“Pero los nicaragüenses, honestos, independientemente de su pensamiento político, sí pueden participar”, afirmó.
Reformas para preservar la paz de Nicaragua
Porras explicó que las modificaciones buscan evitar que personas vinculadas con acciones golpistas, solicitudes de intervención extranjera o campañas de sanciones contra Nicaragua utilicen los procesos electorales para intentar acceder al poder.
“Los que comenzaron a lanzarse ya a sus candidaturas, que son golpistas, traidores a la patria, que viven pidiendo intervención en nuestro país, que aplauden las sanciones contra el Estado, contra las instituciones y contra los ciudadanos nicaragüenses. Es decir, esos no pueden ser candidatos. ¿Cómo se te ocurre?”, manifestó.
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Desde esa perspectiva, las reformas pretenden fortalecer un modelo electoral soberano, en el que la participación política se mantenga abierta para los nicaragüenses que actúen dentro de la Constitución y respeten la independencia y la autodeterminación nacional.
“Porque necesitamos estabilidad, necesitamos seguridad y necesitamos paz. Y va a haber democracia, obvio, hay democracia. La democracia del pueblo nicaragüense”, sostuvo Porras.
La propuesta reafirma así la continuidad de las elecciones y el pluralismo político, al tiempo que establece límites frente a quienes respalden acciones que afecten al Estado, sus instituciones y la población nicaragüense.
