Un tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos suspendió las ejecuciones con inyección letal previstas para este año en Tennessee, tras la fallida práctica de dosis de pentobarbital a Christa Gail Pike, una mujer de 50 años condenada a muerte por el asesinato de Colleen Slemmer en 1995.
El caso, ha generado críticas por la validez de los métodos y el protocolo utilizado en la pena de muerte de Estados Unidos y los riesgos asociados con la inyección letal.
Según las autoridades el proceso de Pike resulta excepcional, por el hecho de haberse administrado dos fármacos, terminando con vida y trasladada a un hospital.
“Lo ocurrido es singular e incomparable, existen antecedentes de personas que sobrevivieron a intentos fallidos porque no se consiguió establecer una vía intravenosa”, declaró Robin M. Maher, directora ejecutiva del Centro de Información sobre la Pena de Muerte.
Pike fue condenada por asesinar a Colleen Slemmer, de 19 años, cuando Pike tenía 18. De haberse consumado la sentencia, habría sido la primera mujer ejecutada por Tennessee en más de 200 años.
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Antes del procedimiento, un tribunal federal de apelaciones suspendió temporalmente la ejecución para examinar si las denuncias de abuso sexual durante la infancia de Pike habían sido consideradas adecuadamente durante su sentencia.
Posteriormente, la Corte Suprema de Estados Unidos levantó esa suspensión y permitió que Tennessee procediera con la ejecución.
¿Cómo fue el procedimiento?
Durante el intento, Pike permaneció consciente y llegó a preguntar a los funcionarios si era normal lo que sentía en uno de sus brazos.
Después de la segunda dosis, testigos de medios continuaron escuchándola roncar hasta que el micrófono de la cámara fue desconectado; más tarde, fue trasladada para recibir atención médica.
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El episodio abrió nuevos interrogantes sobre la aplicación de la inyección letal utilizada por el estado, a lo que el Departamento Correccional sostuvo que “siguió cada paso del protocolo de ejecución legal y establecido por el estado, aprobado por la Oficina del Fiscal General”.
Además, indicó que el protocolo no contempla procedimientos adicionales después de las medidas aplicadas durante el intento de ejecución de Pike.
