La fundación “Luz y Sonrisas” a cargo de la primera dama de Colombia, Ana Lucía Pineda, deberá transparentar el destino de las donaciones recibidas para las víctimas del terremoto del 10 de agosto, así lo ordenó el Juzgado 126 Penal de Bogotá.
Una investigación del medio colombiano La Silla Vacía, expuso que la fundación de Pineda fue la única habilitada dentro de ese mecanismo para recibir aportes procedentes del extranjero.
Esta condición, sumada a su cercanía con la Presidencia, generó interrogantes sobre la transparencia y supervisión de los fondos privados, motivo por el cual, el senador opositor Alejandro Ocampo, del Pacto Histórico presentó la acción judicial.
La resolución del Juzgado estableció un plazo de 48 horas, contado desde la notificación, para completar la información financiera.
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El documento exige explicar “de manera clara, precisa, congruente” cómo fueron utilizados los aportes que la organización “recibió, administró, canalizó o distribuyó”.
Oposición exige respuesta
Desde septiembre, distintas acciones legales habían solicitado información sobre el manejo de las contribuciones, mientras comunidades afectadas continuaban reclamando asistencia para reconstruir sus viviendas.
“Donde está la plata del fondo milagro, cómo es posible que ellos mismos decidan qué hacer con esa plata. Ojo, aquí el terremoto se les volvió (al Gobierno) un negocio. Exigimos respuestas y más que respuestas exigimos soluciones”, expresó la congresista Paola Quiñones D’Haro.
Pineda rechaza acusaciones
Mientras tanto, Ana Lucía Pineda ha rechazado los señalamientos de manejo indebido. Según el balance presentado por la fundación, unas 48.000 personas recibieron asistencia, aunque el informe no detalla el tipo de ayuda entregada, ni el gasto ejecutado en cada territorio.
El terremoto de magnitud 7,4, el pasado 10 de agosto dejó al menos 330 muertos y más de 30.000 viviendas destruidas. con pérdidas económicas estimadas en 9.500 millones de dólares.
