La vicepresidenta de Argentina, Cistina Fernández, ha acusado a la Corte Suprema de Justicia de ser un “Estado paralelo” y una “mafia judicial”, tras ser condenada por un tribunal a seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos, por el delito de “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”.
“Esta condena compatriotas, no es una condena por las leyes de la Constitución o por las leyes administrativas o por el Código Penal”, detalló en su pronunciamiento a la nación suramericana.
La vicemandataria rectificó su consideración que esto se tratara de Lawfare o de Partido Judicial, sino más bien afirmó que “esto es un Estado paralelo y mafia judicial”.
Asimismo, detalló que “la confirmación de la existencia de un sistema paraestatal”, se encuentra en la información revelada sobre el viaje de exfuncionarios, magistrados y exagentes de inteligencia a Lago Escondido, organizado por el Grupo Clarín; hecho en el que el presidente, Alberto Fernández, enfatizó recientemente.
En ese sentido, también denunció el involucramiento de la prensa en la conformación de “una mafia absoluta”. La líder argentina, aseveró que los medios de comunicación resultan «fundamental en el Lawfare», e incluso manifestó que «la complicidad» de estos son necesarios para «hacer condenas» que no tienen base legal.
Además, Fernández destacó que durante los alegatos, probó de acuerdo a la Constitución, que no tiene “el manejo de las leyes que son aprobadas por diputados y senadores. Dicen que el delito lo cometí a través de la sanción de leyes. Yo no legislo, para eso están los diputados y los senadores. Y el Presidente de la República tampoco administra ni ejecuta el presupuesto».
Es la primera vez en la historia de Argentina, que un ciudadano aún en funciones de la vicepresidencia es juzgado y condenado; en particular, el caso de Fernández duró más de tres años para tener resultados.
De todos los cargos presentados en contra de la vicemandataria, fue absuelta del delito de asociación ilícita, que podría llegar a ser condenado hasta con 12 años de prisión.
Anteriormente, Fernández, denunció que la causa en contra de ella, estaba armada por sus opositores que buscaban excluirla de la política nacional, y denunció que la Corte Suprema de Justicia la acusaba como si se tratara de “un pelotón de fusilamiento”.
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La actual vicepresidenta de Argentina, fue acusada por fraude al Estado durante sus gobiernos entre los años 2007-2015, algo que Cristina negó en distintas ocasiones, justificando que ella logró entregar al país “desendeudado” del Fondo Monetario Internacional (FMI), contrario a las acusaciones presentadas en el juicio.
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Al respecto, los jueces expresaron que los fundamentos para la toma del veredicto, serán públicos hasta el 9 de marzo.
Por otro lado, la sentencia en contra de Cristina Fernández, no significa el fin del proceso judicial; debido a que tiene la opción de apelar para evitar la prisión, mientras, la inhabilitación de los cargos solo entra en rigor en el momento que la condena no tenga ninguna instancia de apelación. En consecuencia, Fernández concluyó que «la condena real no es la prisión, es la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos», y anunció que no será candidata en 2023.
