La denuncia documenta el respaldo militar, financiero y diplomático de Washington a Israel y solicita que sus principales responsables rindan cuentas ante la justicia internacional.
Una delegación integrada por contribuyentes estadounidenses, juristas internacionales y organizaciones de derechos humanos presentó este 11 de noviembre ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), en La Haya, un expediente sobre la complicidad de Estados Unidos en el genocidio perpetrado por Israel contra la población palestina de Gaza.
La iniciativa, impulsada por la Alianza de Contribuyentes Contra el Genocidio (TAAG), solicita órdenes de captura contra el presidente Donald Trump, el secretario de Estado Marco Rubio y otros funcionarios estadounidenses. La petición también incluye al expresidente Joe Biden y al exsecretario de Estado Antony Blinken.
El documento reúne pruebas sobre el suministro de armas, el financiamiento y la protección diplomática que Washington ha proporcionado a Tel Aviv. Según los denunciantes, este respaldo permitió sostener la ofensiva israelí, que desde octubre de 2023 ha dejado más de 74.500 palestinos asesinados y 175.000 heridos, de acuerdo con las cifras citadas por teleSUR.
La coalición sostiene que la responsabilidad estadounidense trasciende los cambios de Gobierno y se mantiene bajo administraciones republicanas y demócratas. Entre las evidencias entregadas figuran testimonios de médicos y sobrevivientes, declaraciones de exempleados gubernamentales, grabaciones e informes financieros que rastrean el destino de los impuestos de los contribuyentes hacia el aparato militar israelí.
Durante una conferencia de prensa, Maria Curry, integrante de la delegación, cuestionó el respaldo político y económico de Washington a la ocupación israelí. «Nunca olvidaremos el sufrimiento infligido a las familias palestinas, ni olvidaremos la responsabilidad de los Gobiernos de EE.UU. al permitir esto con la protección política y el dinero de los contribuyentes», manifestó.
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Los representantes calificaron la presentación como un «último recurso», después de denunciar que los tribunales estadounidenses no han procesado a sus propios dirigentes por estas acciones. La entrega del expediente fue posible tras un litigio federal en Nueva York, donde en octubre el juez Jesse Furman suspendió sanciones y decretos de Trump dirigidos contra quienes cooperan con la CPI.
La Alianza TAAG emplazó a la Fiscalía de la Corte a examinar las pruebas con independencia y aplicar el mismo rigor a las potencias occidentales. La solicitud busca abrir un proceso de rendición de cuentas que alcance tanto a quienes ejecutan los crímenes contra Palestina como a los gobiernos que, según los denunciantes, proporcionan los medios políticos, militares y financieros para sostenerlos.
