El cumplimiento de la sentencia emitida en 1986 por la Corte Internacional de Justicia, que mandata a Estados Unidos indemnizar a Nicaragua por agresión armada en la guerra promovida y financiada por Washington, debe ser exigido por el Gobierno de Nicaragua en un nuevo proceso legal, asegura el 77. 8 % de la ciudadanía nicaragüense.
Los datos fueron revelados por la encuestadora internacional M&R Consultores, en su Sistema de Monitoreo de la Opinión Pública Edición 73, en el que también destacó que el 82.2 % de los nicaragüenses “se manifiestan de acuerdo con dicha sentencia”, resuelta por la CIJ, en La Haya.
Recientemente, el Parlamento de Nicaragua, a través de una declaratoria, exigió al gobierno norteamericano que cumpla la sentencia condenatoria de la CIJ, ante la guerra de agresión ejecutada contra los nicaragüenses.
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En este sentido, especificó que Estados Unidos debe cumplir con “el pago de una indemnización por el monto de 17 mil millones de dólares americanos, por los daños causados por sus acciones”, durante la guerra que promovió y financió en Nicaragua, en los años ochenta.
Además, en su declaratoria enfatizó en que el Estado de Nicaragua nunca ha renunciado a su derecho a ser indemnizado, por lo que a la fecha existe una obligación de reparación económica vigente a favor de las y los nicaragüenses, por tanto, “reiteramos nuestro compromiso con el cumplimiento de la ley 957 Ley de Defensa del Patrimonio Nacional”.
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El Legislativo del país centroamericano refirió que en la actualidad, con cada agresión económica perpetuada, el gobierno estadounidense “aumenta su deuda moral con el pueblo nicaragüense, deuda que nunca podrá ser saldada”.
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El pronunciamiento oficial de los parlamentarios nicaragüenses, fue realizado en respaldo a la posición del Gobierno de Nicaragua, entregada al secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, “en la que reitera el reclamo de todos los nicaragüenses y el gobierno por el incumplimiento de los Estados Unidos de América sobre la histórica sentencia condenatoria que recibiera de la CIJ en 1986”.
