La retirada será efectiva dentro de un año, aunque el país mantendrá obligaciones legales durante el período de transición
La retirada será efectiva dentro de un año, aunque el país mantendrá obligaciones legales durante el período de transición

Las autoridades de Níger formalizaron ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) su decisión de retirarse de la Corte Penal Internacional (CPI), al presentar la notificación oficial para abandonar el Estatuto de Roma.

El Gobierno nigerino sostiene que el tribunal ha perdido su imparcialidad y se ha convertido en una instancia influenciada por intereses políticos externos, alejándose de los principios que dieron origen a su creación.

Según la comunicación remitida por Niamey, la CPI ejerce una “justicia selectiva” y ha sido utilizada como herramienta de presión política contra determinados países.

Las autoridades argumentan que el organismo no ha logrado cumplir de manera efectiva su mandato de combatir la impunidad ni de fortalecer un sistema de justicia verdaderamente equitativo a escala global.

“Si bien el tribunal había generado grandes esperanzas entre los pueblos que valoran la paz y la justicia, ha sido objeto de abusos y explotación”, señalaron las autoridades nigerinas en una declaración oficial.

Níger sostuvo que la institución se ha apartado de los objetivos humanitarios y de equilibrio jurídico para los que fue concebida.

Salida no tendrá efecto inmediato

De acuerdo con el artículo 127 del Estatuto de Roma, el retiro entrará en vigor un año después de que la notificación sea recibida formalmente por las Naciones Unidas.

Durante ese período, el Estado continuará sujeto a determinadas obligaciones de cooperación con la corte y a los procedimientos que ya estuvieran en curso.

“El inicio del proceso de retirada no exime al Estado de sus compromisos respecto a investigaciones o causas abiertas antes de la fecha efectiva de salida”, establece la normativa vigente.

La decisión se produce en medio de un contexto de transformaciones estratégicas en el Sahel, donde varios gobiernos buscan fortalecer mecanismos propios de seguridad y justicia, reduciendo su dependencia de estructuras internacionales que consideran alejadas de sus intereses soberanos.