El cofundador de Telegram, Pável Dúrov, fue acusado formalmente en Rusia de complicidad en actividades terroristas, informó el Servicio Federal de Seguridad (FSB). La plataforma habría facilitado operaciones de servicios especiales ucranianos para planificar atentados y reclutar ciudadanos rusos.
«Al director de la administración de Telegram, P. Dúrov, se le ha presentado acusación en el marco del caso penal investigado por los indicios del delito previsto en el artículo 205.1 (complicidad en actividad terrorista) del Código Penal de Rusia», señaló el organismo en un comunicado.
El FSB sostiene que la plataforma de mensajería habría permitido operar libremente a servicios especiales ucranianos, facilitando, según su versión, la planificación de atentados y el reclutamiento de ciudadanos rusos para cometer acciones terroristas.
Las autoridades también acusan a la administración de Telegram de negarse a eliminar canales, chats y bots supuestamente utilizados para preparar sabotajes, asesinatos masivos y fraudes cibernéticos en territorio ruso.
Por su parte, el Comité de Investigación de Rusia afirmó que servicios especiales ucranianos estarían reclutando a jóvenes rusos, principalmente menores de edad, mediante el chatbot de citas «Daivínchik/Leo», disponible en Telegram.
En una operación coordinada con unidades del FSB y el Ministerio del Interior, las autoridades detuvieron a 19 jóvenes de entre 14 y 18 años en distintas regiones del país, incluidos Moscú y San Petersburgo.
Los investigadores los acusan de haber sido reclutados para cometer diversos delitos y anunciaron la apertura de procesos penales por terrorismo, complicidad en actividades terroristas, sabotaje, involucramiento de menores en delitos y daños intencionales a la propiedad.
Según la investigación rusa, los presuntos operadores ucranianos se hacen pasar por mujeres jóvenes en el servicio de citas y posteriormente envían enlaces fraudulentos para obtener acceso a cuentas de servicios gubernamentales.
También solicitarían información sobre domicilios, escuelas y lugares públicos para, posteriormente, contactar a los usuarios haciéndose pasar por funcionarios rusos y presionarlos para ejecutar ataques contra infraestructura crítica.
