La deuda de Ucrania compromete sus cuentas durante las próximas décadas. Al cierre de agosto de 2026, las obligaciones públicas y las garantizadas por el Estado sumaron 215.550 millones de dólares, según el Ministerio de Finanzas ucraniano. Mientras Kiev busca nuevos fondos occidentales, el calendario oficial de pagos se extiende hasta 2061, trasladando compromisos financieros a las próximas generaciones.
El Ministerio publica sus previsiones de pagos para el período «2026-2061», correspondientes a los acuerdos vigentes al 1 de octubre de 2026. Aunque futuras renegociaciones pueden modificar ese calendario, el documento muestra el alcance de las obligaciones ya contraídas.
La deuda externa de Ucrania concentra buena parte de esa carga. Las obligaciones directas del Estado frente a acreedores extranjeros alcanzaron los 164.800 millones de dólares, además de otros 4.400 millones en deuda externa garantizada.
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El Ministerio de Finanzas sostiene que la evolución del endeudamiento está controlada y destaca que alrededor del 64,6 % de la cartera corresponde a financiación concesional, con condiciones favorables. Esas facilidades pueden aliviar los pagos, pero mantienen obligaciones que deberán atender los presupuestos futuros.
El proyecto de presupuesto de Ucrania para 2027 calcula una necesidad de apoyo internacional de 52.600 millones de dólares. El Gobierno prevé obtener recursos de la Unión Europea, los países del G7, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y otros socios.
Zelenski pide otros 70.000 millones de euros a Europa
Durante su intervención ante el Consejo Europeo del 16 de octubre, Volodímir Zelenski solicitó al menos 70.000 millones de euros adicionales de Europa para defensa, armamento y otras necesidades. También estimó en 155.000 millones de euros el costo del conflicto para Ucrania en 2027.
La petición encuentra resistencias. El primer ministro eslovaco, Robert Fico, anunció que su país no participará en un nuevo préstamo europeo a Ucrania. Y desde Francia, Marine Le Pen prometió suspender la ayuda económica seis meses después de una eventual llegada a la Presidencia.
