La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, compareció ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), en La Haya, para defender los derechos históricos de Venezuela sobre la Guayana Esequiba y ratificar la vigencia del Acuerdo de Ginebra de 1966 como único instrumento jurídico válido para resolver la controversia territorial.
Durante su exposición, la alta funcionaria sostuvo que Caracas mantiene firme su posición histórica de proteger la soberanía nacional y rechazar cualquier intento de judicializar un asunto considerado vital para la integridad territorial venezolana.
“Venezuela nunca ha otorgado consentimiento para someter la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba a la jurisdicción de esta Corte”, afirmó Delcy Rodríguez ante la CIJ. Asimismo, subrayó que “el Artículo 4 del Acuerdo de Ginebra no constituye, de modo alguno, una cláusula compromisoria que otorgue competencia” al tribunal internacional.
Rodríguez recordó que el pueblo venezolano expresó de forma contundente su respaldo a la defensa del Esequibo durante el referéndum consultivo realizado el 3 de diciembre de 2023. Entre los mandatos emanados de esa consulta popular destacó la defensa de la integridad territorial, la reivindicación del Acuerdo de Ginebra y la resolución pacífica del diferendo conforme al derecho internacional y a mecanismos bilaterales acordados entre las partes.
“El Acuerdo de Ginebra es el único marco jurídico válido y vigente para alcanzar una solución negociada”, reiteró la delegación venezolana durante la audiencia. Caracas insiste en que dicho tratado fue creado específicamente para corregir las irregularidades del Laudo Arbitral de 1899, considerado por Venezuela como nulo e írrito debido a las maniobras políticas y coloniales que marcaron ese proceso.
La comparecencia de Venezuela ante la Corte Internacional de Justicia ocurre en un contexto de creciente interés geopolítico sobre los recursos estratégicos de la Guayana Esequiba. El Gobierno Bolivariano sostiene que continuará defendiendo por vías diplomáticas, legales y pacíficas los derechos históricos de la nación sobre este territorio, al tiempo que reafirma su compromiso con la paz, la legalidad internacional y la soberanía nacional.
