Venezuela denunció un nuevo intento de intromisión por parte de Estados Unidos, luego que este se pronunciara sobre asuntos políticos internos, vinculados al proceso electoral que se llevará cabo en 2024, en la nación sudamericana.
El pronunciamiento de Venezuela, refiere sobre el hecho que el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Mattew Miller, condenara la inhabilitación política de la opositora, María Corina Machado”.
EEUU se involucra en asuntos electorales
El alto funcionario norteamericano, argumentó que “esta decisión priva a los ciudadanos de ese país de sus derechos políticos fundamentales”.
A través de su cuenta de Twitter, el canciller venezolano, Yván Gil, manifestó abiertamente el firme rechazo por parte del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela a este nuevo intento injerencista de EEUU.
En este sentido, sostuvo que Estados Unidos pretende “fijar su posición en relación a distintos aspectos del futuro proceso electoral venezolano de 2024”.
“La robusta democracia participativa y protagónica de Venezuela, ni requiere ni acepta el tutelaje de otras naciones, mucho menos de sistemas democráticos indirectos y con severas restricciones a la participación”, precisa el comunicado, emitido por el Gobierno venezolano.
Venezuela: EEUU no tiene moral para opinar
Al respecto, la administración del presidente Nicolás Maduro, advierte que “convendría más a los Estados Unidos aplicar correctivos oportunos y justos a su sistema electoral, antes de buscar emitir juicios de valor sobre acciones legítimas de las instituciones democráticas de otros países”.
Finalmente, la nota protesta, señala que “los EEUU no tienen moral ni derecho de opinar sobre los procesos políticos” de Venezuela.
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“El injerencismo de la Doctrina Monroe, así como los chantajes y amenazas de las medidas coercitivas ilegales y unilaterales, no tienen vigencia sobre un pueblo que ha decidido ser irrevocablemente libre”, reafirmó.
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En tanto, la Contraloría General de Venezuela, ratificó que la opositora, Corina Machado, se encuentra inhabilitada, desde 2015, para ejercer cualquier cargo público, por un período de 15 años.
