
El portavoz de la Cancillería iraní, Esmail Baqai, cuestionó la diferente interpretación que, según Teherán, reciben las protestas dependiendo del país donde ocurren. “El problema no es la protesta; el problema es el doble rasero”, sostuvo el funcionario iraní.
“Si los derechos humanos y el derecho a manifestarse son principios universales, su definición e interpretación no deberían cambiar en función de la geografía del manifestante», afirmó Baqai en un mensaje publicado en su cuenta de X.
El portavoz recordó que en enero de 2026 Francia pidió a Irán garantizar el «derecho a manifestarse pacíficamente sin temor a represalias» y actuar con moderación ante las protestas.
Sin embargo, señaló que el ministro francés de Exteriores llegó a calificar los acontecimientos en Irán como un «levantamiento pacífico», pese a los llamamientos a la revuelta procedentes del extranjero y a los informes iraníes sobre ataques contra centros y fuerzas de seguridad.
Baqai contrastó esa postura con el tratamiento dado por las autoridades francesas a las actuales movilizaciones estudiantiles.
Según el funcionario iraní, mientras París defendía el derecho a protestar en Irán, en Francia las manifestaciones son calificadas como «violencia urbana», al tiempo que el ministro del Interior reclama una intervención rápida para restablecer el orden.
Las autoridades francesas también han denunciado una supuesta «manipulación política» de las protestas y han señalado la participación de movimientos de extrema izquierda. Baqai sostuvo que la violencia contra la policía, los incendios y la destrucción de bienes públicos no pueden justificarse y que corresponde al Estado mantener el orden público.
«Pero la contradicción reside en otro lugar: ¿por qué se interpretan los mismos comportamientos y criterios de una manera cuando el manifestante está en Irán y de otra cuando está en Francia?», preguntó el portavoz.
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Las protestas estudiantiles comenzaron en París y posteriormente se extendieron a otras ciudades tras el anuncio de recortes presupuestarios para 2027.
Los manifestantes reclaman reformas educativas y denuncian el deterioro de las condiciones en los centros, incluida la falta de sustitución de profesores, problemas de mantenimiento y aulas con más de 40 alumnos.




