Un grupo de 53 Estados miembros de la ONU y otras organizaciones internacionales exigió al Gobierno de Israel permitir el ingreso de ayuda humanitaria sin restricciones a la Franja de Gaza, ante el agravamiento de la crisis y los riesgos sanitarios que enfrenta la población palestina con la llegada del invierno.
En un comunicado conjunto presentado en Nueva York, los firmantes, encabezados por Reino Unido, Qatar y Jordania, denunciaron que la asistencia todavía no alcanza los niveles establecidos en la Resolución 2803 del Consejo de Seguridad de la ONU. Por ello, reclamaron entregas inmediatas de suministros, al menos en las cantidades acordadas en enero de 2025.
El llamamiento también exigió habilitar todos los pasos fronterizos y las rutas terrestres disponibles, así como garantizar el funcionamiento pleno y predecible de los corredores humanitarios a través de Egipto y Jordania. La embajadora británica Sarah MacIntosh advirtió que las restricciones a los artículos esenciales impiden responder a las necesidades de la población a la escala requerida.
MacIntosh alertó que miles de familias sin refugios adecuados están expuestas a hipotermia, infecciones respiratorias y enfermedades transmitidas por el agua, entre otros padecimientos prevenibles. Sostuvo que, desde el alto el fuego, ha sido posible mejorar las condiciones humanitarias cuando existe voluntad política para facilitar la asistencia.
La advertencia coincide con las denuncias del jefe de asuntos humanitarios de la ONU, Tom Fletcher, quien cuestionó los retrasos en la entrega de suministros para el invierno. El funcionario rechazó que la formación de un nuevo Gobierno israelí o los resultados de las elecciones sean motivos válidos para retener la ayuda destinada a la población palestina.
De acuerdo con la ONU, 1,7 millones de los 2,2 millones de habitantes de Gaza viven en tiendas de campaña, refugios improvisados o edificios dañados. Cerca de un millón reside en zonas expuestas a inundaciones, entre ellos unos 400.000 palestinos que habitan en áreas de riesgo extremadamente alto.
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Los 53 países y las organizaciones firmantes también exigieron proteger al personal sanitario, los hospitales, el transporte médico y los centros humanitarios. Asimismo, reclamaron investigaciones penales rigurosas sobre los ataques contra trabajadores sanitarios y humanitarios, además de permitir el ingreso de delegaciones internacionales y periodistas al territorio.
