La Policía Nacional de España ha desarticulado, en la ciudad de Valencia, una organización criminal especializada principalmente en la venta fraudulenta de cadáveres.
Este grupo delictivo, dedicado a la falsificación de documentación, se valía de artimañas para sustraer cuerpos de hospitales y residencias, los cuales eran posteriormente «comercializados» a universidades por la suma de 1,200 euros para «fines de estudio».
De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades policiales, la red llegó a facturar 5,040 euros a una universidad por realizar 11 incineraciones de cuerpos. Curiosamente, estas incineraciones no figuraban en las facturas emitidas por las incineradoras legítimas de la ciudad.
Cuatro individuos, todos hombres, de entre 41 y 74 años y de nacionalidad española, han sido detenidos en relación con esta operación ilícita. Uno de ellos cuenta con antecedentes penales.
Asimismo, la policía española ha informado que los detenidos fueron interrogados y puestos en libertad provisional, remitiendo las diligencias correspondientes al juzgado de Valencia.
Empresa funeraria falsificaba documentos para traficar cadáveres
Las pesquisas comenzaron en los primeros meses de 2023, tras recibir los agentes datos acerca de la extracción no autorizada de un cadáver de la morgue de un hospital por parte de una empresa funeraria.
De esta manera, se descubrió que se realizaron falsificaciones tanto en el libro de registro como en la documentación presentada al Registro Civil de la ciudad.
Después de un exhaustivo proceso investigativo, se determinó que dos empleados de una funeraria, mediante la falsificación de documentos, se apropiaron de un cadáver que estaba en la morgue del hospital. En lugar de darle sepultura, trasladaron el cuerpo a una universidad con fines de estudio.
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Los implicados se enfocaban en fallecidos sin parientes, preferentemente extranjeros o con condiciones de vida desfavorecidas, buscando así evadir posibles seguimientos de donaciones por parte de familiares y garantizar mayor impunidad, según la Policía.
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De esta forma, los detenidos, entre ellos los responsables de la funeraria y dos de sus empleados, enfrentan acusaciones por estafa y falsedad documental.
