El Gobierno de Italia, encabezado por la primera ministra Giorgia Meloni, aprobó este 20 de octubre un decreto que endurece las sanciones contra los manifestantes, tras varios días de protestas en Milán motivadas por el aumento del costo de vida y el rechazo a las guerras. Las movilizaciones, inicialmente pacíficas, terminaron en enfrentamientos con la Policía, incendios y daños a establecimientos comerciales.
Las nuevas disposiciones establecen penas de hasta cinco años de prisión y multas de 20.000 euros por participación violenta en manifestaciones. También amplían las facultades policiales para retener a menores y contemplan responsabilidades económicas para los padres por los daños ocasionados por sus hijos.
Meloni defendió el endurecimiento de las medidas y calificó de preocupante la participación de adolescentes en los disturbios.
“Es un fenómeno que debemos abordar seriamente, también para evitar que esas imágenes se conviertan en un modelo que otros imiten”, declaró.
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Las manifestaciones forman parte del movimiento Italia in Piazza, que reclama mejores salarios, servicios públicos y respuestas al encarecimiento de la vida. En Milán, aproximadamente 2.000 jóvenes participaron en los disturbios del fin de semana, según la Policía, mientras unas 50 personas fueron detenidas y más de 100 agentes resultaron heridos.
