A tres años del inicio de la ofensiva israelí contra el pueblo palestino, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Palestina condenó, a través de un comunicado, la continuidad de la campaña genocida en los territorios ocupados y denunció que la declaración de un alto el fuego no ha puesto fin al sufrimiento de la población.
Según el comunicado, más de 74.000 palestinos han sido asesinados y cerca de 175.000 han resultado heridos en Gaza, mientras que aproximadamente el 70 % de las víctimas mortales son mujeres y niños. Además, casi 1.500 palestinos han muerto durante el alto el fuego, lo que evidencia que la población continúa expuesta a la violencia.
A continuación el texto íntegro:
COMUNICADO PALESTINA:
TRES AÑOS DE GUERRA GENOCIDA:
EL PUEBLO PALESTINO PERMANECE FIRME EN SU LUCHA POR LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA DIGNIDAD
En el tercer aniversario del inicio de la guerra genocida de Israel contra el pueblo palestino, el Ministerio de Asuntos Exteriores y Expatriados del Estado de Palestina condena, en los términos más enérgicos, la continua campaña genocida librada por Israel, la potencia ocupante, contra el pueblo palestino en todo el territorio del Estado ocupado de Palestina.
Desde el inicio del genocidio, más de 74 000 palestinos han sido asesinados —aproximadamente el 70 % de ellos mujeres y niños— y cerca de 175 000 han resultado heridos por los ataques militares israelíes en Gaza. Casi 1500 palestinos también han sido asesinados durante el período de alto el fuego. La realidad es que los palestinos continúan siendo asesinados, heridos y aterrorizados a diario, y su sufrimiento no ha concluido con la declaración de un alto el fuego.
La constante destrucción, las restricciones a la ayuda humanitaria y el cierre de los pasos fronterizos son el resultado de políticas deliberadas por parte de Israel y de su negativa a cumplir con sus obligaciones jurídicas internacionales, incluidas las derivadas de la Resolución 2803 del Consejo de Seguridad de la ONU y del plan Trump, mientras que su continuo control sobre aproximadamente el 70 % de la Franja de Gaza busca imponer una nueva realidad sobre el terreno.
La magnitud de la catástrofe es inmensa. Israel ha empleado la inanición, la violación, la violencia sexual y otras violaciones graves como armas de guerra, normalizando al mismo tiempo los ataques contra lugares civiles protegidos, incluidos hogares, hospitales, escuelas, refugios y tiendas de campaña que albergan a palestinos desplazados. La impunidad otorgada a Israel ha alentado la continuación de estos crímenes a pesar de las resoluciones de las Naciones Unidas, la acción internacional y las medidas provisionales vinculantes ordenadas por la Corte Internacional de Justicia, incluidas las destinadas a prevenir actos comprendidos en el ámbito de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio.
Lo que está sucediendo en la Franja de Gaza no puede desvincularse de la realidad colonial más amplia que la ocupación ilegal israelí impone sobre el pueblo palestino en todo el territorio del Estado ocupado de Palestina. En Cisjordania, incluida la Jerusalén ocupada, la limpieza étnica y el desplazamiento forzoso de familias palestinas continúan a través de la anexión, la expansión de los asentamientos, el terrorismo de los colonos, la incautación de tierras palestinas, la retención de fondos palestinos, asesinatos, arrestos, demoliciones de viviendas, confiscación de tierras, puestos de control y portones de hierro.
Estas políticas representan una amenaza existencial para el pueblo palestino. Más de 1200 palestinos, entre ellos 210 menores, han sido también asesinados en Cisjordania desde el inicio de la guerra genocida de Israel.
La comunidad internacional se enfrenta ahora a una prueba fundamental para la credibilidad y la autoridad del orden jurídico internacional. La constante impunidad de la potencia ocupante amenaza no solo al pueblo palestino, sino también los cimientos del derecho internacional, la justicia y la rendición de cuentas sobre los que se sustenta el sistema internacional, así como la paz y la seguridad en nuestra región y en todo el mundo. La incapacidad para reconocer la naturaleza genocida de lo ocurrido en Gaza —tal como lo establece el derecho internacional y se refleja en los informes y la documentación de las Naciones Unidas— y para actuar con prontitud a fin de garantizar la rendición de cuentas y detener estas atrocidades, ha contribuido a la continuación de estos crímenes y al creciente desprecio de Israel por sus obligaciones emanadas del derecho internacional.
La comunidad internacional debe pasar de las declaraciones a las acciones concretas. Debe adoptar medidas efectivas para hacer frente al sistema ilegítimo de ocupación y dominación colonial, entre ellas la imposición de sanciones contra la potencia ocupante y los colonos, el fin de la transferencia de armas que facilitan las violaciones, la prohibición del comercio de bienes procedentes de los asen-tamientos y la exigencia de responsabilidades a entidades, personas y empresas involucradas en la empresa de los asentamientos y en la ocupación en su conjunto, o que se beneficien de ellas.
El Ministerio hace un llamamiento a la comunidad internacional para que actúe de inmediato con el fin de poner fin a la ocupación ilegal de Israel, salvaguardar y contribuir a la materialización de los derechos del pueblo palestino a la autodeterminación, la independencia y el retorno, y brindar una protección internacional efectiva al pueblo palestino y a su territorio. Gaza sigue siendo parte integral del Estado de Palestina, con Jerusalén Este como su capital, e Israel debe retirarse por completo y cesar en sus intentos de anexión.
Tras tres años de guerra genocida, la justicia no puede ser selectiva, la paz no puede descansar sobre la impunidad ni sobre cambios demográficos y geográficos forzados, y la estabilidad duradera no puede existir bajo ocupación. Ha llegado el momento de pasar de documentar las violaciones a prevenirlas; de las declaraciones a la acción concreta; de gestionar el conflicto a ponerle fin; y de preservar el statu quo a hacer cumplir el derecho internacional y respetar los derechos humanos inalienables y la dignidad del pueblo palestino, así como su derecho a vivir en libertad, paz y seguridad en su propia tierra.
